Disputa por el Esequibo

El que calla, otorga.

El gobierno de la República Cooperativa de Guyana lleva a paso firme sus proyectos de ampliación territorial y económica en los espacios marítimos de la zona que reclama Venezuela desde hace ya 116 años, la Guayana Esequiba. Sin embargo, parece que al Estado venezolano no le importa el reciente ataque a su soberanía, un conflicto en el que el amenazante es un país “amigo”.

Este gobierno revolucionario se ha dedicado a lo largo de los años a ofrecer silencios y regalías a Guyana en vez de encontrar una solución práctica a la disputa territorial para reconsiderar algún medio de negociación. Venezuela reclama como suyo el Esequibo por este pertenecer a la Capitanía General pero el laudo arbitral de París falló a favor de Reino Unido que antes colonizaba Guyana en 1899; luego en 1966 se logró que ambas partes firmaran el Acuerdo de Ginebra que impide la ejecución de cualquier acción en el territorio mientras continúe el acuerdo.

En 2004, el expresidente Hugo Chávez expresó durante una visita a Georgetown que “El Gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”; además anunció que el asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones políticas y económicas de los dos países. Y así fue, Venezuela amplió sus regalías internacionales a Guyana, especialmente en 2007 cuando se acordó suministrar 5.200 barriles diarios de crudo,  que son pagados todavía a través de ventajosas condiciones.

Con todo y esto, Guyana se encuentra violando el Acuerdo de Ginebra, firmado entre ambas partes para evitar situaciones como la que empezó a ocurrir desde marzo de 2015. Exxon Móvil, empresa petrolera estadounidense se encuentra explorando y explotando petróleo en la plataforma continental que delimita a ambos países con autorización del ejecutivo guyanés, lo que significa la pérdida de derechos de Venezuela en un 60% sobre el estado Delta Amacuro.

El exembajador para Venezuela durante la aplicación del Acuerdo de Ginebra, Emilio Figueredo explicó en una entrevista ofrecida al diario El Universal que en este caso hay un mecanismo a seguir, avalado por las Naciones Unidas con base a un acuerdo entre los estados, que es el firmado en 1966. Es decir, existe un procedimiento que es completamente desconocido por las autoridades venezolanas.

¿Acaso Georgetown no sabe que no puede hacer concesiones ilegítimas en aguas nacionales que no le pertenecen y que aún se encuentran en discusión?, es un tema que realmente nos hace reflexionar, mucho más luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado que la República Bolivariana de Venezuela no se meta en sus asuntos internos ya que estarían incumpliendo el derecho internacional; todo esto como respuesta al comunicado enviado por el Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez en el que Venezuela se opone la extracción y exploración de petróleo en territorios que se encuentran en discusión.

Más allá de ese comunicado no hemos visto al presidente Nicolás Maduro declarar algún tipo de solución, negocio o imposición en contra de esta ocupación ilegal; sí tiene vigor para atacar al Gobierno español o al estadounidense pero no para proteger la verdadera soberanía de los venezolanos, quienes deberían tener asegurado su integridad nacional y el pleno derecho sobre ella.

El problema seguirá tomando dimensiones desproporcionadas mientras Guyana continúe aprovechándose de las aceptaciones y de nuestro silencio al respecto. El no ejercicio de los derechos internacionales como exigir el cumplimiento de los pactos nos va a hundir, el que calla otorga.

Cárcel para la soberanía

El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, fue detenido el 19 de febrero, mientras se encontraba en su oficina, por presuntamente ejecutar hechos conspirativos que atentan en contra del gobierno venezolano.

Los analistas políticos coinciden que la medida en contra del alcalde, reduce las posibilidades de establecer un diálogo entre gobierno y oposición, además, presagia tiempos de mayor tensión en un año donde se celebrarán las elecciones parlamentarias. Sin olvidar momentos de desesperación económica, desabastecimiento y el descenso de los precios del petróleo.

El abogado constitucionalista, Asdrúbal Aguiar explicó hoy a CNN que ningún ciudadano, sea alcalde o no, puede ser objeto de detención sin una orden judicial, la única hipótesis que admite la constitución bolivariana es que agarren al delicuente en “pleno acto”. Además, aclaró que el Ministerio Publico, no tiene autoridad en Venezuela para ordenar la detención,  solo podrá ejecutar la medida luego de haber iniciado una investigación, que aún no ha sido divulgada.

A las 7:00 de la noche, del día de hoy 20 de febrero comenzó la audiencia de Antonio Ledezma. El periodista David Pérez Hansen informó que más de 25 funcionarios del Sebin fuertemente armados trasladaron a Ledezma y la esposa del dirigente, Mitzy Capriles no pudo ingresar al recinto.

El alcalde Antonio Ledezma se encuentra detenido en el Helicoide / Archivo

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EEUU y VZLA

Las tensiones entre ambas naciones la semana pasada tienen a un personaje principal: Nicolás Maduro, quién en su cualidad de chismoso se le ocurrió decir que el vicepresidente estadounidense Joe Biden está detrás de un plan para provocar la caída de su gobierno.

Según el presidente venezolano, Biden le dijo a mandatarios caribeños durante una cumbre energética celebrada en Washington, que existen planes para derrocarlo. Además anunció que las medidas en contra de los funcionarios venezolanos por parte de EEUU, son falsas.

El Departamento de Estado, simplemente respondió que  “El Gobierno venezolano debe centrarse en las quejas legítimas de su pueblo, que incluyen violaciones reiteradas de la libertad de expresión y de reunión, así como el debido proceso ante la ley”.

Claramente, Maduro debería preocuparse por los problemas internos de su país, en asumir su culpa y tratar de solucionarlos.

Dos extrañas muertes

… y dos gobiernos comprometidos

La escandalosa muerte del fiscal argentino Alberto Nisman ha despertado en los venezolanos una chispa de curiosidad, tal vez por las coincidencias con el homicidio de Danilo Anderson. Ambos fiscales llevaban casos importantes en sus países que comprometían a la presidencia y murieron en extrañas circunstancias.

Anderson estuvo encargado de casos peligrosos para el gobierno, entre ellos, la imputación de los firmantes del decreto Carmona, la libertad de los atacantes en el Puente Llaguno y la acusación a Henrique Capriles Radonski de invadir la embajada de Cuba.

Nisman denunció públicamente a la presidenta Cristina Fernández por una presunta negociación para encubrir a los iraníes prófugos (presuntos autores del ataque terrorista a la AMIA) y mañana presentaría  300 grabaciones como pruebas ante el Congreso. Su familia, afirma que no tenía razones para “suicidarse” y además, dejó en su casa la lista del supermercado, para ir el día siguiente de compras.

Queda más que demostrado que la verdad, las pruebas y las investigaciones son enemigos del poder, de los sistemas políticos que “buscan tapar la luz del sol con un dedo”.