Ideales tras las rejas

Leopoldo López y Daniel Ceballos tomaron la desgarradora decisión de realizar una huelga de hambre por los derechos de los venezolanos, le exigen al régimen de Nicolás Maduro anunciar las fechas de las próximas elecciones parlamentarias, la liberación inmediata de los presos políticos y que cese la persecución en contra de los venezolanos que piden una mejor calidad de vida, además hacen un llamado a una protesta pacífica este sábado 30 de mayo por una mejor Venezuela.

López grabó el comunicado con su teléfono celular y los primeritos en difundirlo fueron los showseros de la hojilla por VTV, antes que lo divulgara su esposa Lilian Tintori, definitivamente una labor informativa de “alto nivel”.

Para extrañarnos, el Gobierno no respetó la huelga legítima que llevan a cabo en pleno ejercicio de sus derechos ambos políticos presos y en cuestión de horas, castigaron a Ceballos trasladándolo al Centro de Procesados 26 de Julio en San Juan de los Morros y a López le incautaron su celular porque es tan peligroso que no puede tenerlo, mientras tanto los pranes, están en este momento utilizando sus teléfonos para dirigir secuestros y todo tipo de crímenes desde la cárcel.

Nos gustaría pensar que serán escuchados, en un país en el que 3.414 personas fueron privadas de libertad arbitrariamente durante las protestas de febrero de 2014, según cifras del Foro Penal Venezolano. Nos gustaría creer que sus derechos humanos serán reivindicados luego de tantas violaciones, no solo para ellos dos, sino para todos aquellos encarcelados por pensar distinto, ya los dirigentes de Voluntad Popular Raúl Emilio Baduel y Alexander tirado se unieron a esta iniciativa, desde la cárcel de Tocuyito, muestra de que aún quedan vestigios de lucha en el sufrimiento.


El compromiso humanitario de un país con su pueblo radica en el trato a sus ciudadanos, la democracia fue creada para aceptar la diversidad de ideales y sí persiguen a políticos cuyas ideas sean contrarias o diferentes a las del sistema, persiguen también a todos aquellos venezolanos en su libre derecho a la expresión social, a poder elegir entre que postura política tomar.

Alzamos la voz en contra de todas las detenciones y represiones que ponen en evidencia un sistema judicial con el propósito de perseguir a los ideales que supongan una amenaza para el sistema y todas las acciones que pongan en tela de juicio la responsabilidad humanitaria del gobierno de Venezuela.

Gran reto para la prensa venezolana

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, introdujo una demanda en contra de 22 directivos de medios venezolanos por difundir una noticia en la que se le vincula con delitos de narcotráfico; de igual manera, les prohibió la salida del país. Entre los demandados se encuentran los directivos y accionistas de El Nacional, Tal Cual y La Patilla.

El reportaje, difundido inicialmente  a principios de año por el diario español ABC, tiene declaraciones de un capitán de la Armada Venezolana que acusa a Cabello de ser el supuesto cabecilla de un cártel de narcotráfico y que además solicitó asilo político a Estados Unidos a cambio de informar sobre los presuntos vínculos.

El director del ABC, Bleito Rubido manifestó que ve muy complejo, que el presidente de la AN quiera demandar a diarios venezolanos cuando la información fue contrastada por sus periodistas.”Nos mantenemos firmes en la información sobre el ‘Cartel de los Soles’, que Diosdado Cabello es el director. Nuestro corresponsal en Washington, Emily Blasco, tiene fuentes de la inteligencia norteamericana y de la lucha contra el narcotráfico. Es información muy contrastada”, agregó

El diario español apoya a los 22 directivos y están dispuestos a entregar las pruebas que manejan con la finalidad de argumentar como verídica su información.

Uno de los 22 directivos, ya se encuentran regresando a Venezuela para enfrentar sus demandas: el presidente editor de El Nacional Miguel Otero Silva.


El acceso a la información de diferentes fuentes, garantiza a la ciudadanía el derecho de conocimientos para participar de forma activa en la vida pública. Los medios y los periodistas permiten esa entrada para que puedan sacar sus propias conclusiones, tomar decisiones y exigir responsabilidad a los gobiernos por sus políticas.

Este nuevo ataque a la prensa venezolana representa un punto de reflexión no solo para los comunicadores sociales, también para los ciudadanos venezolanos, quienes tienen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura. Tal como lo profesan los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.